El Ayuntamiento de Morón es obligado a elaborar un plan antifraude para controlar los Fondos Europeos

El gobierno justifica la contratación a dedo de una empresa externa porque “no tiene personal suficientemente cualificado”.

_El gobierno justifica la contratación a dedo de una empresa externa porque “no tiene personal suficientemente cualificado”.

El  Ayuntamiento de Morón ya ha sido beneficiario de alguna de las ayudas europeas descritas y no tiene personal suficientemente cualificado para el asesoramiento en el desarrollo y aprobación del Plan, se hace necesario realizarlos de forma externa. Para ello se ha acudido a una empresa especializada en dicho asesoramiento con amplia experiencia y solvencia.

El Ayuntamiento de Morón ha sido obligado, en cumplimiento del  Reglamento  241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, a disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos europeos de los que está siendo beneficiario se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Dada esta obligación el Consistorio necesita el asesoramiento técnico para elaborar dicho Plan Municipal Antifraude. Como ya es costumbre con el gobierno de Juanma Rodríguez, el Plan será desarrollado por una empresa externa porque, según aseguran desde el gobierno municipal, el Ayuntamiento “no tiene personal suficientemente cualificado”.  

De esta manera se ha contratado a dedo y por decreto para esta tarea a la empresa Servicios Integrales de Intermediación y de Contratación DOMINUS, por importe máximo total de 2.500,00 euros más 525,00 euros correspondientes al IVA, en total 3.025,00 euros, para “la realización del servicio de diseño y elaboración del Plan Antifraude del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, centrado en el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, en el marco de las obligaciones como beneficiario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.