Marina Segura(IU) pide a la Junta que se comprometa e intermedie por los derechos de los trabajadores de la base aérea de Morón.

Marina Segura :”no podemos tolerar que empresas norteamericanas vengan a imponer sus condiciones laborales y exploten, abusen y lesionen los derechos e intereses de los trabajadores andaluces”.…

Marina Segura :”no podemos tolerar  que empresas norteamericanas vengan a imponer sus condiciones laborales y exploten, abusen y lesionen los derechos e intereses de los trabajadores andaluces”.Hoy Jueves, 29 de noviembre, Marina Segura, diputada de Izquierda Unida, en sesión plenaria  del Parlamento de Andalucía, ha dirigido una pregunta  a  la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, sobre el conflicto que mantienen los trabajadores de la base aérea de Morón con la empresa norteamericana VBR.

En el desarrollo de su pregunta, la diputada de IU puso en antecedentes al consejero, Don Antonio Ávila Cano, y le explicó que  “los trabajadores de la empresa norteamericana VBR, que presta servicios civiles y de mantenimiento en la base aérea de Morón, y que es contratista de la Fuerzas Aéreas de EEUU, se encuentran en una difícil situación de conflicto laboral provocado por la propia empresa. El conflicto  dura ya 23 meses, cuenta con 45 reuniones de negociación y 2 huelgas, la última la semana pasada”.

Marina quiso dejar claro la responsabilidad de la empresa en el conflicto, ya que “esta empresa norteamericana, se niega a negociar, y directamente ha impuesto sus condiciones, unas condiciones que bajo el principio de flexibilidad van a suponer una precarización del trabajo y un abuso y lesión de los derechos que hoy tienen reconocidos estos trabajadores, como por ejemplo  un incremento del 10 al 20 % de flexibilidad, por encima de lo permitido por ley y que le va a servir a la empresa para cubrir los 119 despidos que hizo en el ERE de 2010”.

En este sentido, Segura afirmó que “la empresa no tiene ninguna intención de desbloquear el proceso, de hecho no reconoce a la entidad mediadora que se ha propuesto para ello y no respeta el derecho a la huelga, imponiendo servicios mínimos abusivos, con la connivencia del gobierno central”.

Este desinterés en llegar a acuerdos se debe, según la parlamentaria a que “la empresa quiere  que este proceso se dilate en el tiempo y se acabe la vigencia del convenio colectivo actual, que finaliza en julio de 2013, para poder aplicar así la ultraactividad, que ya se permite con la última reforma laboral del PP, y aplicar un convenio que recoge peores condiciones de trabajo, lo que tendrá como consecuencia, entre otras, la bajada del salario en un 30%.”

El grupo parlamentario de IU entiende de igual manera que no se puede tolerar que una fuerza militar extranjera tenga ocupado parte del territorio andaluz para hacer la guerra a pueblos en otras partes del mundo, y tampoco se puede tolerar que empresas norteamericanas vengan a imponer sus condiciones laborales y exploten, abusen y lesionen los derechos e intereses de los trabajadores andaluces.

Por todo ello, la diputada sevillana, conocedora que la Junta no tiene competencia directa en materia de defensa, pero al tratarse de  una empresa extranjera que ocupa y opera en el territorio andaluz y cuyas acciones y política afectan a trabajadores de la comunidad andaluza, rogó a la consejería de Empleo que intermedie en este conflicto, y le pregunto al consejero, Antonio Ávila Cano, la valoración y las medidas previstas por la Consejería para defender los intereses de los trabajadores andaluces.

El consejero, tras hacer una valoración de la repercusión negativa que la reforma laboral impuesta por el gobierno de Rajoy está teniendo en el empleo andaluz, asumió el compromiso de intermediar en el conflicto dentro de sus competencias autonómicas.