Para el Defensor del pueblo el Ayuntamiento de Morón omitió datos esenciales para la prórroga extractiva de la Sierra

Morón. El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu,  en una de sus conclusiones emitidas en una  una carta, afirma que  según la normativa aplicable, la Sierra de Morón está calificada como Suelo No Urbanizable de categoría…

Morón. El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu,  en una de sus conclusiones emitidas en una  una carta, afirma que  según la normativa aplicable, la Sierra de Morón está calificada como Suelo No Urbanizable de categoría 1 de Conservación Prioritaria y prohíbe de manera rotunda las actividades extractivas e industriales en ese suelo, algo que, según Maeztu  contrasta con los informes emitidos por el consistorio moronense.

Tras la queja de Ecologistas en Acción en relación a la tramitación del Impacto Ambiental del proyecto de prórroga de explotación minera de la Sierra de Esparteros, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maéztu,  achaca al Ayuntamiento de Morón que  omita “datos esenciales” que afectan a la prórroga de la actividad minera de la Sierra de Esparteros.    

La carta del Defensor del Pueblo afirma que “el informe del Ayuntamiento de Morón, ha habida cuenta que ha omitido datos esenciales que afectan al proyecto de primera prórroga de la Sierra de Morón, debe considerarse insuficiente y por tanto la declaración de Impacto Ambiental otorgada que no tuvo en cuenta esa información debe ser reconsiderada”

Además, sigue Maeztu asegurando ,  “la omisión por parte del Ayuntamiento de Morón de las características del suelo afectado por la actuación constituye un incumplimiento del deber de buena administración a que toda administración está obligada” y que esta forma de actuar es "una extraña forma de proteger los interese del espacio medioabiental de la localidad".

Nos es la primera vez que el Defensor del Pueblo Andaluz recrimina la gestión de la administración con respecto a la Sierra

De este modo, calificada ya en julio de 2013 de  “extraordinariamente preocupante” que la administración haya permitido esa explotación minera sin adoptar las medidas protectoras necesarias.

Ante la queja formulada por la Plataforma Ciudadana Sierra de Morón y Ecologistas en Acción, el nuevo Defensor del Pueblo Andaluz, emitió el pasado 12 de Julio de 2013  una resolución. En ésta, Jesús Maeztu se pronuncia de manera contundente sobre el trato que ha recibido la cantera SIDEMOSA, situada en la Sierra de Morón de la Frontera, por parte de las Consejerías competentes en materia de Minas y de Medio Ambiente.

La resolución detalla que la empresa SIDEMOSA ha intentado obtener una prórroga de 30 años, presentando un proyecto de explotación que no se ajustaba a la realidad. De esta manera, se definía el proyecto como una mera continuación de la explotación, cuando en realidad escondía una clara intención de ampliación de la explotación autorizada.

Maetzu considera, que la prórroga solicitada por SIDEMOSA se debe someter al procedimiento de Autorización Ambiental Unificada establecido en la vigente Ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Además, opina que se debe realizar “con pleno respeto a la legislación urbanística”.

.El Defensor indica que “la Administración es la primera que debe velar por el respeto al derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45 CE y 57 del Estatuto de Autonomía)”. Maetzu califica de “sorprendente” y “extraordinariamente preocupante” que la Junta de Andalucía haya permitido la continuidad de la cantera de Sierra de Morón, a sabiendas de las irregularidades cometidas por la empresa SIDEMOSA y del grave daño que su actuación iba a provocar en este valioso paraje natural.

Jesús Maetzu destaca la existencia de un informe de la Consejería de Medio Ambiente, fechado en febrero de 2007, que advertía cómo las actuaciones de la empresa SIDEMOSA estaban afectando a flora amenazada y señalaba “la muy importante afección visual que produce la explotación”. El Defensor del Pueblo expresa su incredulidad ante el hecho de que la Junta de Andalucía haya obviado este informe durante los últimos 6 años, y dice desconocer “los motivos por los que esta explotación minera ha venido desarrollando su actividad sin que se adopten las medidas protectoras que la propia Administración tuteladora del medio ambiente ha considerado necesario adoptar”.