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Morón

IU Morón presenta una moción en defensa de los dependientes del municipio

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El grupo municipal de Izquierda Unida presenta al pleno ordinario de este jueves una moción en la pide que la corporación municipal se posiciones en defensa de los derechos de las personas dependientes de su municipio 

_El grupo municipal de Izquierda Unida presenta al pleno ordinario de este jueves una moción en la pide que la corporación municipal se posiciones en defensa de los derechos de las personas dependientes de su municipio instando al Gobierno de la Nación, como mínimo, a la reversión de los recortes practicados en el año 2012 (una propuesta recogida e incumplida de manera flagrante en el acuerdo PP/CIUDADANOS de investidura).

 

Se trataría de dotar esta partida con 1.673 millones de euros en lugar de los 1.262´2 aprobados en los PGE 2017. Entendiendo que esta propuesta es una transición hacia el total cumplimiento de la Ley de Dependencias que supone la financiación del sistema mediante la aportación del 50% del coste total por parte del Estado.

 

En esta defensa de las personas dependientes del municipio, IU propone además a pedir al Gobierno de la Nación a la incorporación de una Adicional en los presupuestos por la que se apruebe como cuantías de nivel mínimo garantizado 264´22 millones de euros para el Grado III; 123´06 millones de euros para el Grado II y 77´33 millones de euros para el Grado I.

 

Y todo esto tras los datos dados recientemente por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con respecto a la deficiente financiación de la Ley de Dependencias en España que arroja cifras escalofriantes y que plantean la necesidad de rebelarse ante los brutales recortes en esta materia que se consolidan en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado para 2017.

 

Entre esos datos podemos conocer que sólo en el pasado año 40.647 dependientes fallecieron sin llegar a percibir las prestaciones a las que tenían derecho según reconoce el propio Ministerio (o lo que es lo mismo 111 personas cada día).

 

Según los últimos datos oficiales 335.201 personas en situación de dependencia están en lista de espera, de ellos un 36% son Dependientes Severos y Grandes Dependientes (Grados II o III). En 2016 se redujo la “lista de espera” en 36.017 personas (saldo neto) a lo que evidentemente contribuyen los fallecimientos de personas en espera de recibir atención.

 

Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 mantienen sin embargo esta alarmante situación debido a la falta de financiación del sistema. El compromiso que adquirieron el Partido Popular y Ciudadanos en el pacto de investidura de Rajoy apuntaba a la recuperación de los recortes de 2012 incrementando la financiación en 480 millones. Un acuerdo que se fijaba en la medida 57 del documento “150 compromisos para mejorar España”, con una dotación prevista de 440 millones, y también en el Pacto de Estado suscrito por todos los grupos parlamentarios (con la excepción del PP y PNV) con ocasión del X Aniversario de la Ley. Rajoy y Rivera han antepuesto a este objetivo social sin embargo los más de 4.000 millones de inversión extraordinaria pactados con el PNV y más de 200 con Nueva Canarias.

 

Sólo recuperar los recortes de financiación estatal permitiría disminuir la lista de espera en cerca de 90.000 personas, y se generarían más de 20.000 empleos en un año.

 

El dato más importante es que si la aportación estatal fuese del 50% del total del gasto público en Atención a la Dependencia, como establece la propia Ley, y manteniendo la aportación autonómica de 2016, se aseguraría la plena atención a los 335.000 personas que actualmente están en lo que se conoce como Limbo de la Dependencia”.

 

Sin embargo si se persiste en el incumplimiento de la Ley y violando derechos subjetivos, este año fallecerán otras 36.000 personas que tenían un derecho reconocido, sin poder recibir servicios ni prestación alguna.

 

La cuantía que figura en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para el nivel mínimo de financiación asciende a 1.262´2 millones de euros (72´2 millones más que el 2016).

 

Una apuesta que de manera alguna supone revertir los recortes de la Ley de Dependencias del año 2012.

 

Sólo con recuperar los recortes del 2012 y sin rebajar el esfuerzo autonómico actual se generarían más de 18.000 empleos nuevos en un año. Se pasaría de atender a 865.564 dependientes a 939.341 con este esfuerzo y se pasaría de 348.309 personas en lista de espera a 274.532. Una hipótesis que supone incrementar 481 millones en gasto público de los que se recuperarían de manera directa 191 (el 40%) por retornos de cuotas a SS, IRPF, Impuesto de Sociedades, etc.

 

Si nos fijamos en Andalucía la realidad de 2016 en cuanto a nivel mínimo garantizado fue de 233´7 millones de euros. Si se revirtieran los recortes del año 2012 la cuantía a percibir sería de 331´1 millones de euros y si estuviéramos en un escenario en el que se cumpliera la Ley de Dependencias, es decir con una financiación garantizada por parte del Estado del 50% estaríamos en 550´5 millones de euros.

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