IU y AMA presentan moción conjunta contra la degradación de derechos laborales en el entramado Procavi y en apoyo a los trabajadores

Escrito por  Redacción Morón Martes, 18 Abril 2017 08:27
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Imagen de la huelga vivida la semana pasada en el sector de mataderos de aves y conejos Imagen de la huelga vivida la semana pasada en el sector de mataderos de aves y conejos

Desde hace varias semanas, la Asociación de Trabajadores Afectados por la Explotación de Procavi y la Plataforma de Apoyo a este colectivo, de la que son integrantes los partidos a los que pertenecen los miembros de los grupos municipales que presentan esta moción -Izquierda Unida y AMA Morón-, vienen denunciando ante la opinión pública la degradación de derechos laborales que se padece en el entramado empresarial encabezado por Procavi y compuesto por esta empresa y un sin número de subcontratas y ETTs (Randstad, Halia Servex, Marchena Outsourcing, etc).

 

Entre los muchos aspectos negativos a señalar en el ámbito de estas empresas -y que los grupos que suscriben esta moción han venido denunciando- destacan el aumento paulatino de los ritmos de producción, el uso continuado de horas extras, el abuso del trabajo temporal -en un marco empresarial de crecimiento económico sostenido a lo largo de más de una década-, el abuso del sistema de subcontratación -que implica el mantenimiento de condiciones de laborales diversas, en cuanto a derechos y obligaciones- y la tendencia a la reducción de los salarios, etc.

 

También se detecta, y así se ha expuesto ante la opinión pública, la explotación especialmente intensa que soporta la mano de obra con discapacidad, con los sueldos más bajos y condiciones de trabajo iguales o más duras que las del resto de trabajadores, mientras los empresarios de la empresas especializadas en este tipo de empleo (como Minuscenter) se benefician de exenciones o bonificaciones a la Seguridad Social.

 

Asimismo, han apuntado que el entramado industrial ha recibido en los últimos años numerosos premios, reconocimientos y subvenciones y ayudas millonarias a cargo de las finanzas públicas, procedentes de diferentes instancias del Gobierno autonómico y estatal.

 

Como colofón a esta situación, en la que conviven un crecimiento económico extraordinario (del orden del 15% anual) y unas condiciones de trabajo mayoritariamente temporal y de bajos salarios, las entidades citadas al inicio han desvelado un uso de actividades de formación fuera de la ley, a través de las cuales grupos de 25-30 trabajadores han sido, durante períodos comprendidos entre 3 semanas y 3 meses, incorporados sistemáticamente a tareas de producción de mercancías, bajo la apariencia de estar participando en cursos de aprendizaje. Dichas actividades se han realizado en las instalaciones de Procavi, desde al menos el año 2012, interviniendo en ellas tanto la empresa matriz, empresas colaboradoras y organismos del ámbito local (o los Ayuntamientos directamente u organismos municipales adscritos a los mismos).

 

El grado de participación de las instituciones públicas ha variado, según los casos, yendo desde el simple anuncio de la convocatoria de los “cursos” hasta la implicación en financiación de costes de transporte, seguros civiles y organización de determinados aspectos.

 

Cabe destacar que la participación en dichos cursos no revestía ningún tipo de remuneración, cobertura de la Seguridad Social ni relación contractual alguna, aunque los trabajadores -supuestos alumnos- eran provistos de monos de trabajo y su producción siempre era sometida a control y escrutinio de supervisores de producción, como la de cualquier trabajador ordinario. Tampoco los participantes tenían garantizado, desde el punto de vista personal, la incorporación futura a la plantilla de la empresa para la que prestaba gratuitamente su labor durante el llamado período formativo.

 

En estos momentos, la citada asociación de trabajadores afectados ha anunciado que ya hay en trámite casi una veintena de demandas, presentadas ante instancias judiciales, reclamando cantidades y derechos por la explotación fraudulenta de mano de obra.

 

 

Ante estas denuncias, los grupos municipales de AMA e IU proponen este jueves al  Ayuntamiento Pleno tomar varios acuerdos.

Uno de ellos será reconocer públicamente la labor informativa, de interés social, desarrollada tanto por la Asociación de Trabajadores Afectados por la Explotación de Procavi como por la Plataforma de Apoyo a la Dignificación de las Condiciones Laborales en Procavi y rechazar públicamente la connivencia y participación, por activa o por pasiva, de las instituciones de ámbito público en la explotación gratuita de mano de obra encubierta bajo la forma de “cursos de formación”.

 

Asimismo la moción insta a que el Consistorio “niegue cualquier colaboración con la empresa en la celebración de cursos que no estén amparados por el marco legal vigente, y que, en cualquier caso, respete el derecho básico a un salario y a coberturas sociales a cambio de trabajo” y “solicitar al actual Equipo de Gobierno que emprenda, a lo largo de los próximos quince días, acciones conducentes para reclamar a la empresa cualquier tipo de gasto que haya podido ocasionar a los fondos públicos la posible celebración de los supuestos cursos, con independencia de la cuantía del mismo”.

 

Si la moción es aprobada se deberá hacer públicos los acuerdos alcanzados en el pasado entre este Ayuntamiento y Procavi o algunas de sus empresas colaboradoras, así como todos los contratos y gastos vinculados a dichos acuerdos y desde el Ayuntamiento se tendrá que apoyar públicamente las acciones legales emprendidas por los alumnos-trabajadores denunciantes.

Modificado por última vez en Martes, 18 Abril 2017 10:37