Morón
El alcalde demandó al Ayuntamiento de Morón tras ser despedido en 2012 de uno de los “chiringuitos” del PSOE en Andalucía
Morón. El fallo de la sentencia del Juzgado número 10 de los social absuelve al Ayuntamiento de Morón, a quien su propio alcalde codemandó junto a otras entidades por despido improcedente en 2012 del consorcio UTEDLT…
Morón. El fallo de la sentencia del Juzgado número 10 de los social absuelve al Ayuntamiento de Morón, a quien su propio alcalde codemandó junto a otras entidades por despido improcedente en 2012 del consorcio UTEDLT, uno de los chiringuitos que el PSOE utilizaba para contratar a los suyos y donde Juan Manuel Rodríguez trabajaba asesorando a empresas y autónomos antes ser elegido alcalde en mayo de 2011.
Ahora se conoce a través de este fallo judicial, al que ha tenido acceso esta redacción, que el alcalde de Morón tendrá que ser readmitido por la UTEDLT (cuando acabe de ser alcalde) e indemnizado con 1700 € tras declararse su despido de 2012 nulo.
En abril de 2013 informábamos que Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Morón, quién había sido despedido de su anterior trabajo, en el consorcio de Consorcio Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), mantenía un pleito con la Junta de Andalucía (en esos momentos no conocíamos que también había demandado al Ayuntamiento de Morón) por no estar de acuerdo con la indemnización que le proponía por su despido.
Esta disolución de la UTDLT se debió, según explicó Ignacio Cala en 2013, a que el eje motriz , que era la Junta , ya no aportaba las cantidades necesarias para la prestación de estos servicios( por ejemplo el asesoramiento a empresas y autónomos), y que los Ayuntamientos que regían el consorcio (Algámitas, Coripe, El Saucejo, Montellano, Morón de la Frontera, Pruna y Villanueva de San Juan) eran incapaces de aportar las cantidades necesarias para mantenerlos.
El fallo de la sentencia resuelve que “con estimación parcial de la demanda interpuesta por Juan Manuel Rodríguez Domínguez contra el Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Morón de la Frontera, el Servicio Andaluz de Empleo, los Ayuntamiento de Algámitas, Coripe, El Saucejo, Montellano, Morón de la Frontera, Pruna y Villanueva de San Juan y el Fondo de Garantía Salarial, declaro la nulidad del despido del actor operado el 30 de septiembre de 2012, condenando solidariamente al Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Morón de la Frontera y al Servicio Andaluz de Empleo a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido; asimismo, condeno al Consorcio demandado al abono al actor de la cantidad de 1.299,61 euros, más los intereses moratorios ascendentes a 400,56 euros, más los intereses legales que, en su caso, se devenguen. Absuelvo a los Ayuntamientos codemandados de las peticiones deducidas en su contra; no habiendo lugar en este procedimiento a realizar pronunciamiento alguno respecto del Fondo de Garantía Salarial”.
La Junta desmanteló 95 chiringuitos "paralelos", que ahora investiga la Fiscalía, antes de la inspección de la Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas de Andalucía subrayó en su informe de enero de 2014 que no pudo investigar adecuadamente a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico porque la Junta las desmanteló antes de su inspección. Por tanto, no se pudieron saber siquiera las condiciones de contratación y otros muchos datos de la muestra elegida. Ahora la Fiscalía exige a la Junta la documentación que justifique los 57 millones de euros que se gastaron en ellas durante los años 2010 ,2011 y 2012.
Una chapuza gigantesca: La Junta despide a 800 empleados de estos organismos y tiene que readmitir, por ahora, a más de 100
El colectivo lo integraban 787 empleados (90 de ellos directivos) que estaban empleados en 97 Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) con contratos laborales indefinidos. El Gobierno andaluz incluyó la supresión de estos consorcios (con participación de los ayuntamientos) en el plan de ajuste presentado en 2012 al Gobierno central para cumplir con el objetivo del déficit público.
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), antes de que se liquidaran los consorcios, procedió a despedir a los trabajadores una vez que el Ministerio de Trabajo redujo la financiación del programa de 35 a 1 millón de euros en 2012.
La Junta acusa al gobierno del PP de los despidos, pero calla que es el Supremo el que ha dado un varapalo tras otro a la Junta por los despidos improcedentes.
