Medio Ambiente desestima las «recomendaciones» de Maeztu sobre la prórroga de la cantera de la sierra de Morón

Morón. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz había pedido la "revisión" de la declaración de impacto ambiental…

Morón. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz había pedido la "revisión" de la declaración de impacto ambiental

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha desestimado las "recomendaciones" de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, en cuanto a declaración de impacto ambiental de la prórroga de 30 años solicitada por la compañía Sierra de Morón S.A. (Sidemosa), para continuar explotando como cantera la sierra de Esparteros, en Morón de la Frontera (Sevilla).

En concreto, fue allá por 1985 cuando las autoridades aprobaron esta concesión administrativa para que la empresa Sidemosa explotase cuatro cuadrículas mineras en este espacio de la Sierra de Esparteros, toda vez que en 1996 la superficie de la explotación fue ampliada a nueve cuadrículas mineras.

Pero después, Sidemosa solicitó una prórroga de la concesión administrativa ante la expiración de la misma. La prórroga cuenta con una declaración de impacto ambiental que declara "viable" la continuidad de las labores de extracción, estipulando eso sí toda una serie de condiciones. "El proyecto de prórroga supone una superficie de actuación superior a la del proyecto original (…),si bien las labores mineras proyectadas suponen una continuidad del mismo dentro del perímetro del Plan de Restauración aprobado en fecha 19 de octubre de 2002", figura en la declaración de impacto ambiental, recogida por Europa Press.

El 19 de febrero de 2014, según una comparecencia parlamentaria de la entonces consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo "dictó resolución favorable otorgando una prórroga del periodo de vigencia de la concesión de la explotación", extremo que despertó no pocas protestas entre los colectivos ecologistas.  La consejera, en ese sentido, defendía que la concesión administrativa cuenta con "medidas compensatorias para la zona de monte".

"MOTIVOS DE SEGURIDAD"

La consejera explicaba que a través de esta prórroga, y por "motivos de seguridad", la superficie del yacimiento pasaba de las 19,5 hectáreas anteriores a un total de 20 hectáreas. "Lógicamente, el trámite de evaluación de impacto ambiental contempla medidas compensatorias para esta zona de monte. La actividad se centra en finalizar la explotación sobre los bancos actuales y avanzar la extracción del recurso en profundidad, 40 metros por debajo de la actual plaza de cantera", explicaba la consejera esgrimiendo la obligatoriedad de acometer "labores de restauración de manera simultánea a las labores de extracción"..

Ecologistas en Acción, no obstante, avisaba en aquellos momentos de un posible "trato de favor" hacia Sidemosa en la declaración de impacto ambiental, pues la misma omitiría "las especies de fauna que se verán afectadas gravemente en caso de que se reabra la cantera" y no incluiría ningún "informe geológico o hidrológico independiente sobre el acuífero que hay bajo de la cantera, tomando como válido el presentado por la empresa", entre otros aspectos.
Además, Ecologistas en Acción exponía que esta prórroga fue autorizada merced a "una legislación ambiental de 1994 derogada desde enero de 2008" y pese a que "la legislación urbanística vigente en Morón prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas en la Sierra de Morón, dada su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Conservación Prioritaria"

Como consecuencia de una queja elevada al respecto a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el departamento de Maeztu, a través de una resolución recogida por Europa Press, formuló una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Morón y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, administración esta última que ha desestimado tales "recomendaciones", según un escrito de la Consejería fechado el pasado 1 de junio y recogido por Europa Press

LAS RECOMENDACIONES DE MAEZTU

Según tal escrito, aunque Maeztu reclamaba a la Junta medidas "en caso de observarse que los municipios pueden haber omitido datos de trascendencia medioambiental en sus informes a los efectos de un procedimiento administrativo de prevención ambiental", especialmente en lo que se refiere a la clasificación y calificación urbanística del suelo, la Consejería recuerda que ante un caso como el que nos ocupa "los ayuntamientos son la administración competente en materia de urbanismo   y los responsables de la interpretación de su plan general de ordenación urbana".
En cuanto a la recomendación de "revisar" la declaración de impacto ambiental porque "los suelos afectados por la actuación tienen hasta el momento consideración de suelo no urbanizable y dicha información fue omitida por el Ayuntamiento de Morón", la Consejería también la desestima. Alega en este caso que la Ley 7/94 de Protección Ambiental estipula que "la declaración de impacto ambiental tendrá carácter vinculante para el órgano con competencia sustantiva" y como "acto de trámite", la impugnación de su contenido "debe realizarse recurriendo en vía administrativa el otorgamiento de la prórroga de la concesión realizada".